Ley Antidespidos: una mirada a la distancia

Ley Antidespidos: una mirada a la distancia

Despidos, suspensiones, trabajo en negro y precarización son palabras muy tristes pero que lamentablemente estamos escuchando de una manera bastante seguida en nuestro país. Por tal motivo salió hace unos meses la propuesta de Ley Antidespidos, previendo proteger la fuente de ingresos de los trabajadores. Para poder hablar en retrospectiva sobre esta propuesta, entrevistamos a la abogada Juliana Fiol con el objetivo de brindar claridad sobre dicho tema tan sensible.

SC: -¿En qué consistía la Ley Antidespidos? ¿Qué implicaba y quiénes la promueven?
JF: -En principio hay que distinguir entre dos proyectos de ley. Si bien ambos estaban pensados para regir tanto para el sector público como para el privado, el que impulsaba Diputados declaraba la emergencia ocupacional nacional, hasta el 31 de diciembre de 2017 y tenía efectos retroactivos al 31 de marzo de 2016.

En cambio, la propuesta del Senado, impulsada también por el FPV,  y que finalmente fue aprobada, disponía la prohibición de suspensiones y despidos sin causa por 180 días, cualquiera haya sido la forma de contratación. En este sentido contemplaba que frente a una desvinculación, el trabajador podía exigir el pago de una doble indemnización o reclamar judicialmente su reincorporación al puesto de trabajo mediante juicio sumarísimo, esto es, un trámite más rápido que el clásico reclamo laboral. Cabe destacar que el texto aprobado determinaba que no regiría respecto de las contrataciones que se dieran con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

SC: -¿Por qué fue vetada por el Presidente de la Nación?
JF: -Macri formalizó el veto mediante el decreto 701/2016 publicado en el Boletín Oficial. En el mismo, el Presidente argumenta que en lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos, el Proyecto de Ley importaba una propuesta limitada, que no acompañaba al contexto actual en el que la enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal. Y que contrariamente a lo fundamentado en la propuesta normativa, su aplicación congelaría los empleos, mantendría en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementaría la pobreza, como sucedió en los últimos años.

Además, el decreto también recuerda que un grupo de empresarios se había comprometió a no reducir los planteles de empleados por 90 días y reflexiona de modo crítico la posición del FPV en los años 2010 y 2014, ya que, por entonces, este partido se manifestó enfáticamente en contra de la adopción de este tipo de medidas.

SC: -¿Cómo había funcionado esta ley en el pasado?
JF: 
Luego de la crisis del 2001, como una medida de emergencia y durante la Presidencia de Duhalde, se aprobó una ley que contemplaba la doble indemnización hasta tanto el índice de desocupación no alcanzara el 10% (recordemos que en esos tiempos la cifra era del 30%, aproximadamente). Con posterioridad y por la modificación de varios decretos, el monto indemnizatorio se fue reduciendo. En el año 2010 y por iniciativa de la CGT se intentó lograr algo similar aunque este proyecto tuvo el rechazo del oficialismo de ese entonces.

En líneas generales y a modo de conclusión, creo que el interés de proteger el empleo siempre es genuino y positivo, pero las herramientas que se consideran para lograr ese resultado deben ser analizadas desde la óptica de quien pone a disposición su fuerza laboral y de quien genera empleo.

Agradecemos a Juliana Fiol por su tiempo y asesoramiento.

Sofía Carrasco
Lic. En Relaciones del Trabajo
Especialista de Recursos Humanos para ZonaJobs

[email protected]

 

 

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